Un año bajo fuego: periodistas y activistas exigen paz y libertad de prensa en Sinaloa
Este pronunciamiento, impulsado por la Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de Sinaloa, responde a un contexto de violencia sostenida que ha alterado la vida cotidiana de miles de personas, dejado cientos de víctimas y afectado de forma directa el ejercicio periodístico
Por Redacción Red
Culiacán, Sinaloa, 25 de julio de 2025.- A un año de que Sinaloa entró en una crisis de seguridad pública sin precedentes, más de 70 periodistas, más de 20 organizaciones sociales, colectivos, redes y activistas de derechos humanos de todo el país han suscrito un pronunciamiento conjunto para exigir a las autoridades garantías reales de seguridad, paz y libertad de expresión en el estado. Esta iniciativa, impulsada por la Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de Sinaloa, responde a un contexto de violencia sostenida que ha alterado la vida cotidiana de miles de personas, dejado cientos de víctimas y afectado de forma directa el ejercicio periodístico.
En este año, marcado por enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, la población ha sufrido más de 1,500 homicidios, desapariciones forzadas y desplazamientos internos, según cifras oficiales recogidas por la prensa local. Pese al grave escenario, periodistas han continuado informando con profesionalismo y compromiso, enfrentando peligros extremos sin el respaldo institucional necesario. El hecho de que reporteros hayan llegado primero que las autoridades a escenas de enfrentamientos —como ocurrió el pasado 14 de julio en El Pozo, sindicatura de Imala— es una señal alarmante del abandono institucional y del riesgo permanente al que se enfrenta la prensa.
El pronunciamiento firmado colectivamente advierte que las y los periodistas no forman parte del conflicto armado ni deben cargar con la responsabilidad del vacío de autoridad. Por el contrario, su labor permite a la sociedad tomar decisiones informadas en medio de la violencia, y debe ser protegida como un componente esencial de cualquier democracia. La omisión de las autoridades no solo pone en riesgo la integridad del gremio, sino que también socava el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Por ello, quienes suscriben este posicionamiento exigen al Gobierno de México, al Gobierno de Sinaloa y a todas las instancias responsables de seguridad y procuración de justicia, que cumplan su mandato constitucional de proteger a periodistas y a la población civil. En particular, se exige establecer protocolos de cobertura segura, garantizar la presencia oportuna de autoridades ministeriales en zonas de riesgo, y asegurar que los medios cuenten con políticas internas de protección a su personal.
La Red de Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos de Sinaloa reitera que la paz no se implora: se construye y se exige. El Estado no puede seguir normalizando la violencia ni omitiendo su deber de proteger a quienes ejercen derechos fundamentales. Frente a la inseguridad prolongada, el periodismo no debe ser blanco ni escudo del crimen, sino una herramienta viva para reconstruir el tejido social con verdad, justicia y memoria.
A un año de esta guerra criminal en Sinaloa, las más de 70 voces del periodismo nacional y las más de 20 organizaciones firmantes hacen un llamado urgente a actuar: a no resignarnos al miedo ni a la impunidad, y a defender, con decisión colectiva, el derecho de toda la sociedad a vivir en paz e informada.
